[0449] • PÍO XII, 1939-1958 • FINALIDAD Y OBJETO DE LAS CAUSAS MATRIMONIALES
Del Discurso L’inaugurazione, a la Rota Romana, en la Inauguración del Año Jurídico, 2 octubre 1944
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EL FIN ÚNICO EN EL TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS MATRIMONIALES
[1.–] La inauguración del nuevo año jurídico de la Sagrada Rota Romana nos ofreció en los años pasados la ocasión de poner de relieve algunos puntos particulares en el tratamiento de las causas matrimoniales, y de mostrar de qué manera la Iglesia, según su misión y su carácter, ve y considera estos puntos, y cómo por esto quiere que sean vistos y tratados también por el juez y por los oficiales eclesiásticos.
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[2.–] Hablamos en primer lugar del derecho natural al matrimonio y de la incapacidad psíquica y somática para contraer matrimonio. Al mismo tiempo discurrimos sobre algunos principios fundamentales referentes a la declaración de nulidad del matrimonio y a la disolución del vínculo válidamente contraído. Expusimos después algunas reflexiones sobre la certeza requerida para que el juez pueda proceder a dictar sentencia, y afirmamos ser suficiente la certeza moral, es decir, aquella que excluye toda duda razonable sobre la verdad del hecho, recordando por otra parte que debe tener un carácter objetivo y no estar fundada solamente en la opinión o en el sentimiento meramente subjetivo del juez.
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[3.–] Con la misma intención de exponer el espíritu y la voluntad de la Iglesia, que atribuye al matrimonio una suma importancia para el bien del pueblo cristiano y la santidad de la familia, Nos nos proponemos hoy –después de haber escuchado la amplia y cuidadosa relación anual de vuestro digno y benemérito Decano– decir algunas palabras sobre la unidad del fin, que debe dar especial forma a la obra y a la colaboración de todos aquéllos que participan en el tratamiento de las causas matrimoniales en los tribunales eclesiásticos de todo grado y especie, y debe animarlos y unirlos en una misma unidad de propósito y de acción.
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TRIPLE ELEMENTO DE LA UNIDAD DE ACCIÓN
[4.–] 1. En general hay que asentar previamente que la unidad de la acción humana resulta y proviene de los siguientes elementos: un único fin, una común dirección de todos hacia este fin único, una obligación jurídico-moral de tomar y conservar esta dirección. De estos elementos comprendéis bien que el fin único constituye el principio y el término formal, tanto del lado objetivo como del lado subjetivo. Porque así como todo movimiento recibe su determinación del fin al que tiende, así también la actividad humana consciente se especifica por la meta a que mira. (1)
1. Cfr S. Th. 1.º 2.æ p. q. 1 a. 2.
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[5.–] Ahora bien, en el proceso matrimonial el fin único es un juicio conforme a la verdad y al derecho, referente en el proceso de nulidad a la pretendida no existencia del vínculo conyugal, en el proceso informativo de vinculo solvendo a la existencia, o no, de los presupuestos necesarios para la disolución del vínculo. En otros términos, el fin es declarar autorizadamente y poner en vigor la verdad y el derecho correspondiente a ésta, con relación a la existencia o a la continuación de un vínculo matrimonial.
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[6.–] La dirección personal se tiene mediante la voluntad de todos los que tienen parte en el tratamiento de la causa, en cuanto éstos dirigen y subordinan todos sus pensamientos, querer y actuación en las cosas del proceso a la consecución de aquel fin. Si, por tanto, todos los participantes siguen constantemente esta dirección, resulta por natural consecuencia la unidad de acción y de cooperación de todos en la causa.
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[7.–] Por último, el tercer elemento, o sea la obligación jurídico-moral de mantener esta dirección, deriva en el proceso matrimonial del derecho divino. De hecho el contrato matrimonial está por su propia naturaleza, y entre los bautizados por su elevación a la dignidad de sacramento, ordenado y determinado, no por la voluntad humana, sino por Dios. Baste recordar la palabra de Cristo: Lo que Dios unió, no lo separe el hombre2, y la enseñanza de San Pablo: Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia: “Gran misterio es éste, pero entendido de Cristo y de la Iglesia” (3). La profunda gravedad de esta obligación, que tiene su origen en el derecho divino como en fuente suprema e inextinguible, al servicio de la verdad en el proceso matrimonial, debe ser siempre fuertemente afirmada e inculcada. ¡Nunca suceda que en las causas matrimoniales ante los tribunales eclesiásticos vengan a realizarse engaños, perjurios, sobornos o fraudes de cualquier especie! Porque todos aquéllos que en ellas toman parte deben mantener una despierta conciencia, y cuando sea necesario deben despertarla y reavivarla, para darse cuenta de que estos procesos en el fondo no son realizados delante de un tribunal de hombres, sino delante del tribunal del Señor omnisciente, y que, en consecuencia, los juicios respectivos, si quedan falseados por algún fraude sustancial, no tienen valor delante de Dios y en el campo de la conciencia.
2. Matth. 19, 6.
3. Eph. 5, 32.
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LA UNIDAD DE FIN Y DE ACCIÓN EN LOS PARTICIPANTES EN LAS CAUSAS MATRIMONIALES
[8.–] 2. La unidad y la colaboración en las causas matrimoniales se efectúa, por tanto, mediante la unidad del fin, la dirección hacia el fin, la obligación de la subordinación al fin. Este triple elemento impone a la acción propia de cada uno de los participantes exigencias esenciales y la marca de un sello particular.
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a) El juez
[9.–] Ante todo, por lo que respecta al juez, que es como la justicia animada, la obra del juez llega a su cumbre en la promulgación de la sentencia, la cual declara y fija jurídicamente la verdad y le da valor legal, tanto por lo que concierne al hecho que hay que juzgar, como por lo que se refiere al derecho que debe aplicarse en el caso. Pero a este esclarecimiento y servicio de la verdad está ordenado como a su fin todo el proceso. Por esto en este objetivo ordenamiento al fin el juez encuentra también una segura norma directiva en toda personal investigación, juicio, ordenación, prohibición, que el desarrollo del proceso lleva consigo. De aquí aparece cómo la obligación jurídico-moral, a que está sometido el juez, no es otra que la ya mencionada que deriva del derecho divino, esto es, investigar y determinar según la verdad si un vínculo, que ha sido contraído con signos exteriores, existe en realidad, o bien si se dan en el caso los presupuestos necesarios para su disolución, y, establecida la verdad, dictar sentencia de acuerdo con ésta. En esto reside la alta importancia y la personal responsabilidad del juez en la dirección y en la conclusión del proceso.
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b) El defensor del vínculo
[10.–] Al defensor del vínculo toca sostener la existencia o la continuación del vínculo conyugal, pero no de un modo absoluto, sino subordinadamente al fin del proceso, que es la investigación y el logro de la verdad objetiva.
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[11.–] El defensor del vínculo debe colaborar al fin común, indagando, exponiendo y aclarando todo cuanto se pueda aducir en favor del vínculo. Para que él, que debe ser considerado como pars necessaria ad iudicii validitatem et integritatem: “parte necesaria para la validez e integridad del juicio” (4), pueda cumplir eficazmente su oficio, el ordenamiento procesal le ha atribuido particulares derechos y señalado determinadas obligaciones (5). Y así como no sería compatible con la importancia de su cargo y con el cumplimiento activo y fiel de su deber si se contentase con una sumaria visión de los hechos y con algunas superficiales observaciones, así también no es conveniente que este oficio quede confiado a quienes carecen todavía de experiencia de la vida y de madurez de juicio (6). No exime de esta regla el hecho de que las observaciones del defensor del vínculo quedan sometidas al examen de los jueces, porque éstos tienen que encontrar en la cuidadosa obra de aquél una ayuda y un complemento de la propia actividad, ni debe pretenderse que los jueces rehagan siempre todo el trabajo y todas las investigaciones del defensor, para poderse fiar de su exposición.
4. Bened., XIV, Constit. Dei miseratione, 3 Nov. 1741 § 7 [Ass 4 (1868), 349].
5. Cfr. p. e. can. 1967-1969 [AAS 9/II (1917), 373].
6. Cfr. Norm. S. R. Rotae Trib. 29 Iunii 1934, art. 4 § 2.
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[12.–] Por otra parte, no se puede tampoco exigir del defensor del vínculo que componga y prepare a toda costa una defensa artificiosa, sin preocuparse si sus afirmaciones tienen un serio fundamento o no. Tal exigencia sería contraria a la sana razón; gravaría al defensor del vínculo con una fatiga inútil y sin valor; no aportaría esclarecimiento alguno, sino más bien una confusión de la cuestión; provocaría dañosamente en el proceso prolongadas demoras. En interés mismo de la verdad y por la dignidad de su oficio, se debe por consiguiente reconocer, sobre todo al defensor del vínculo, cuando el caso lo requiera, el derecho de declarar que después de un diligente, cuidadoso y concienzudo examen de los hechos, no ha encontrado objeción razonable alguna para actuar contra la demanda del actor o del suplicante.
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[13.–] Este hecho y esta conciencia de no deber sostener incondicionalmente una tesis preordenada, sino de estar al servicio de la verdad ya existente, preservará al defensor del vínculo de proponer interrogaciones unilateralmente sugestivas e insidiosas; de exagerar y convertir la posibilidad en probabilidad o incluso en hechos consumados; de afirmar o levantar contradicciones, donde un sano juicio no las ve o fácilmente las resuelve; de impugnar la veracidad de los testigos a causa de discrepancias o inexactitudes en puntos no esenciales o sin importancia para el objeto del proceso, discrepancias e inexactitudes, que, según enseña la psicología de las declaraciones de los testigos, permanecen en el ámbito de las causas normales de error y no quitan valor a la sustancia de la declaración misma. La conciencia de deber servir a la verdad retraerá, finalmente, al defensor del vínculo de pedir nuevas pruebas, cuando las ya aducidas sean plenamente suficientes para establecer la verdad: lo cual ya en otra ocasión afirmamos que no debe aprobarse.
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[14.–] No se objete que el defensor del vínculo debe redactar sus animadversiones no pro rei veritate, sino pro validitate matrimonii. Si con esto se quiere significar que tiene por misión propia poner de relieve todo aquello que habla en favor y no aquello que va contra la existencia o la continuación del vínculo, la observación es justa. Pero si, por el contrario, se quisiera afirmar que el defensor del vínculo en su acción no está obligado a servir también él, como a último fin, a la comprobación de la verdad objetiva, sino que debe incondicionalmente e independientemente de las pruebas y de los resultados del proceso sostener la tesis obligada de la existencia o de la necesaria continuación del vínculo, esta afirmación hay que considerarla como falsa. En este sentido todos los que tienen parte en el proceso deben sin excepción hacer converger su acción en el único fin: pro rei veritate.
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c) El promotor de la justicia
[15.–] No queremos omitir algunas breves observaciones también por lo que se refiere al promotor de la justicia. Puede ser que el bien público exija la declaración de nulidad de un matrimonio y que el promotor de la justicia haga la petición regular de ésta al tribunal competente. En ningún otro punto podría sentirse mayor inclinación a poner en duda la unicidad del fin y de la colaboración de todos en el proceso matrimonial, como aquí, donde dos oficiales públicos parecen tomar posiciones el uno frente al otro delante del tribunal: el uno, el defensor del vínculo, debe por oficio negar lo que el otro, también por oficio, está llamado a defender. Por el contrario, precisamente aquí se demuestran de modo manifiesto la unidad del fin y la dirección única de todos a este fin; porque ambos, no obstante la aparente oposición, presentan en el fondo al juez la misma petición: emitir un juicio según la verdad y la realidad del mismo hecho objetivo. La ruptura de la unidad del fin y de la colaboración se tendría solamente si el defensor vinculi y el promotor iustitiae considerasen sus próximos y opuestos fines como absolutos y los desvinculasen y separasen de su conexión y subordinación al común objetivo final.
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d) El abogado
[16.–] Pero la unidad del fin, la dirección hacia el fin y la obligación de la subordinación al fin en el proceso matrimonial deben considerarse y ponderarse con particular atención en relación con el consultor legal o abogado, del cual se sirven el actor o el demandado o el suplicante, porque ninguno está más expuesto al peligro de perderlos de vista.
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[17.–] El abogado asiste a su cliente al formular la demanda introductoria de la causa, al determinar rectamente el objeto y el fundamento de la controversia, al poner de relieve los puntos decisivos del hecho que hay que juzgar; le indica las pruebas que debe aducir, los documentos que debe presentar; le sugiere qué testigos debe llevar al juicio, qué puntos son perentorios en las declaraciones de los testigos; durante el proceso le ayuda a valorar justamente las excepciones y los argumentos contrarios y a refutarlos: en una palabra, reúne y hace valer todo aquello que puede ser alegado en favor de la demanda de su patrocinado.
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[18.–] En esta múltiple actividad el abogado puede con razón poner todo su afán para obtener la victoria en la causa de su cliente; pero en toda su actuación no debe sustraerse al único y común objetivo final: el descubrimiento, la comprobación, la afirmación legal de la verdad, del hecho objetivo. Todos los aquí presentes, insignes juristas e integérrimos defensores del foro eclesiástico, sabéis muy bien cómo la conciencia de esta subordinación debe guiar al abogado en sus reflexiones, en sus consejos, en sus afirmaciones y en sus pruebas y cómo no sólo lo defiende de construir artificiosamente y de tomar para la defensa causas privadas de todo serio fundamento, de valerse de fraudes o de engaños, de inducir a las partes y a los testigos a deponer falsamente, de recurrir a cualquier otro medio deshonesto, sino que lo lleva además positivamente a obrar en toda la serie de los actos del proceso según los dictámenes de la conciencia. Al supremo objetivo de la verdad, que debe quedar manifiesta, es necesario que converjan lo mismo la labor del abogado que la del defensor del vínculo, porque ambas, si bien se mueven desde puntos opuestos hacia fines próximos diversos, tienen que tender al mismo término final.
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[19.–] De aquí se sigue qué es lo que se debe pensar del principio no raras veces afirmado o seguido en la práctica. “El abogado –se dice– tiene el derecho y el deber de presentar todo lo que ayuda a su tesis, como el defensor del vínculo hace respecto a la tesis opuesta; para ninguno de los dos vale la norma: pro rei veritate. La apreciación de la verdad es oficio exclusivamente del juez; gravar al abogado con esta preocupación significaría impedir o incluso paralizar del todo su actividad”. Esta observación se basa sobre un error teórico y práctico: desconoce la íntima naturaleza y el esencial objetivo final de la controversia jurídica. Ésta, en las causas matrimoniales, no puede compararse a un concurso o a un torneo, donde los dos contendientes no tienen un común término final, sino que cada uno persigue su fin particular y absoluto, sin relación, incluso en oposición al de su antagonista, es decir, derrotar al adversario y obtener la victoria. En este caso el vencedor con su lucha coronada por el éxito crea el hecho objetivo, que para el juez del combate o del concurso es motivo determinante para conferir el premio, pues para él es ley: El premio al vencedor. Cosa totalmente distinta sucede en la contienda jurídica de un proceso matrimonial. Aquí no se trata de crear un hecho con la elocuencia y la dialéctica, sino de poner en evidencia y hacer valer un hecho ya existente. El mencionado principio pretende separar la actividad del abogado del servicio de la verdad objetiva, y querría en cierto modo atribuir a la hábil argumentación una fuerza creadora del derecho, como la que tiene el combatiente victorioso en una lucha deportiva.
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[20.–] La misma consideración de la obligación incondicionada a la verdad vale también en el caso del simple procedimiento informativo que sigue a la demanda para la disolución del vínculo. La instrucción de la causa en el foro eclesiástico no prevé la intervención de un defensor legal del suplicante; pero es un derecho natural de este último valerse, por su cuenta, del consejo y de la asistencia de un jurista en la redacción y en la motivación de la súplica, en la selección y presentación de los testigos, en la resolución de las dificultades que se presenten. El consultor legal o el abogado puede también poner aquí a contribución todo su saber y su energía en favor de su cliente; pero también en esta actividad extrajudicial debe acordarse de la obligación que lo vincula al servicio de la verdad, de su sumisión al fin común y de la parte que debe realizar en el trabajo común para lograr este fin.
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[21.–] De cuanto hemos expuesto aparece manifiesto cómo en el tratamiento de las causas matrimoniales en el foro eclesiástico, juez, defensor del vínculo, promotor de la justicia, abogado, deben hacer, por así decirlo, causa común y colaborar juntamente, no mezclando el oficio propio de cada uno, sino con consciente y voluntaria unión y sumisión al mismo fin.
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e) Las partes, los testigos, los peritos
[22.–] Es superfluo añadir que la misma ley fundamental –investigar, hacer manifiesta y hacer valer legalmente la verdad–, obliga también a los demás participantes en el proceso. Para asegurar la consecución de este fin se les impone el juramento. En esta subordinación al fin encuentran una clara norma para su orientación interna y para su acción externa, y en ella obtienen seguridad de juicio y tranquilidad de la conciencia. Ni a las partes, ni a los testigos, ni a los peritos es lícito inventar hechos no existentes, dar a los existentes una interpretación infundada, negarlos, confundirlos u ofuscarlos. Todo esto contrastaría con el servicio que debe prestarse a la verdad, al cual obligan la ley de Dios y el juramento dado.
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EL PROCESO MATRIMONIAL EN SU ORDENACIÓN Y SUBORDINACIÓN AL FIN UNIVERSAL DE LA IGLESIA, LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS
[23.–] 3. Recorriendo ahora con la mente lo ya dicho, nuestro pensamiento ve claramente cómo el proceso matrimonial representa una unidad de fin y de acción, en la cual todos y cada uno de los participantes deben ejercer su particular oficio en recíproca coordinación y con una común ordenación al mismo fin; a semejanza de los miembros de un cuerpo, que tienen, es verdad, cada uno su propia función y su propia actividad, pero al mismo tiempo están recíprocamente coordinados y ordenados juntamente a la consecución del mismo objetivo final, que es el de todo el organismo completo.
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[24.–] Sin embargo, esta consideración acerca de la naturaleza íntima del proceso matrimonial quedaría incompleta si no diésemos una mirada también a sus relaciones externas.
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[25.–] El proceso matrimonial en el foro eclesiástico es una función de la vida jurídica de la Iglesia. En nuestra encíclica sobre el Cuerpo místico de Cristo hemos expuesto cómo la llamada “Iglesia jurídica” es, en efecto, de origen divino, pero no es toda la Iglesia; cómo aquélla, en cierto modo, representa solamente el cuerpo, que debe ser vivificado por el espíritu, es decir, por el Espíritu Santo y por su gracia. En la misma encíclica explicábamos también cómo toda la Iglesia, en su cuerpo y en su alma, en cuanto a la participación de los bienes y al provecho que de éstos se deriva, está constituida exclusivamente por la “salvación de las almas”, según la palabra del Apóstol: Omnia vestra sunt7. Con lo cual queda indicada la superior unidad y el fin superior, al que están destinadas y se dirigen la vida jurídica y toda función jurídica en la Iglesia. De lo cual se sigue que también el pensamiento, el querer y la acción personal en el ejercicio de tal actividad deben tender al fin propio de la Iglesia: La salvación de las almas. En otras palabras, el fin superior, el principio superior, la unidad superior no significa otra cosa que “cura de almas”, como toda la obra de Cristo sobre la tierra fue cura de almas, y cura de almas fue y es toda la acción de la Iglesia.
7. 1 Cor. 3, 22.
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[26.–] Pero el jurista, que, como tal, mira al desnudo derecho y a la justicia rígida, suele mostrarse como instintivamente extraño a la idea y a las preocupaciones de la cura de almas y propugna una clara separación entre los dos foros, el foro de la conciencia y el de la convivencia externa jurídico-social. Esta tendencia hacia una neta división de los dos campos es hasta cierto grado legítima, en cuanto que el juez y sus colaboradores en el procedimiento judicial no tienen por oficio propio y directo la cura pastoral. Sería, sin embargo, un error funesto afirmar que no se hallan también ellos en última y definitiva instancia al servicio de las almas. Parecerían situarse así en el juicio eclesiástico fuera del fin y de la unidad de acción propios de la Iglesia por divina institución; serían como los miembros de un cuerpo que no se insertan ya en su totalidad y no quieren subordinar y ordenar su acción al fin del organismo entero.
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EFICACIA DE ESTA ORDENACIÓN Y SUBORDINACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD JURÍDICA
[27.–] La actividad jurídica, y particularmente la judicial, no tiene nada que temer de esta ordenación y subordinación; porque también ella es fecundada y promovida por éstas. La necesaria amplitud de vista y de decisión queda asegurada, porque, mientras la unilateral actividad jurídica esconde siempre dentro de sí un exagerado formalismo y apego a la letra, la cura de almas garantiza un contrapeso, manteniendo despierta en la conciencia la máxima Leges propter homines, et non homines propter leges. Por esto en otra ocasión hemos ya advertido que allí donde la letra de la ley fuese obstáculo para la consecución de la verdad y de la justicia, debe siempre estar abierto el recurso al legislador.
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[28.–] El pensamiento de la pertenencia al servicio del fin de la Iglesia confiere, por otra parte, a todos los que participan en su actividad jurídica, también la necesaria independencia y autonomía frente al poder judicial civil. Entre la Iglesia y el Estado, como hicimos notar en la mencionada encíclica sobre el Cuerpo místico de Cristo, si bien ambos son en el pleno significado de la palabra sociedades perfectas, hay, sin embargo, una profunda diferencia. La Iglesia tiene un carácter particular propio de origen y de sello divino. De lo cual deriva también en su vida jurídica un rasgo propio, una orientación, hasta en las últimas consecuencias, hacia pensamientos y bienes superiores, ultramundanos, eternos. Por consiguiente, más bien que una opinión, hay que considerar por varios motivos como un juicio erróneo la afirmación de algunos de que el ideal de la práctica jurídica eclesiástica consiste en su mayor asimilación posible y conformidad al ordenamiento judicial civil; lo cual, sin embargo, no excluye que pueda aquélla aprovecharse oportunamente del verdadero progreso de la ciencia del derecho también en este campo.
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[29.–] Finalmente, el pensamiento de la pertenencia a la superior unidad de la Iglesia y de la subordinación a su fin universal, la salus animarum, comunica a la actividad jurídica firmeza para proceder en el camino seguro de la verdad y del derecho, y la preserva no menos de una débil condescendencia hacia los desordenados deseos de las pasiones que de una dura e injustificada inflexibilidad. La salvación de las almas posee como guía una norma suprema absolutamente segura: la ley y la voluntad de Dios. A esta misma ley y voluntad de Dios una actividad jurídica, que reconoce y tiene conciencia de no tener otro fin alguno que el de la Iglesia, se enderezará firmemente en la regulación de los casos particulares a ella sometidos, y quedará así confirmada en un orden superior aquélla que era ya en su propio campo su máxima fundamental: Servicio y afirmación de la verdad en la declaración del hecho verdadero y en la aplicación a éste de la ley y de la voluntad de Dios.
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[30.–] Por esto nos sirve de particular satisfacción saber que este Sagrado Tribunal es inconcusamente fiel a tan excelsa norma y puede ser, por consiguiente, puesto como ejemplo a los tribunales diocesanos, que a él miran como a modelo y norma.
[DPJ, 193-202]
1944 10 02 0001
IL FINE UNICO NELLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE MATRIMONIALI
[1.–] L’inaugurazione del nuovo anno giuridico della Sacra Romana Rota Ci porse negli anni passati l’occasione di mettere in rilievo alcuni punti particolari nella trattazione delle cause matrimoniali, e di mostrare in qual modo la Chiesa, secondo la sua missione e il suo carattere, tali punti vede e considera, e come perciò vuole che siano veduti e trattati anche dal giudice e dagli ufficiali ecclesiastici.
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[2.–] Parlammo anzitutto del diritto naturale al matrimonio e dell’incapacità psichica e somatica di contrarre le nozze. Parimente discorremmo di alcuni principi fondamentali concernenti la dichiarazione di nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo validamente contratto. Esponemmo poi varie riflessioni sulla certezza richiesta acciocchè il giudice possa procedere a pronunciare la sua sentenza, e rilevammo essere sufficiente la certezza morale, vale a dire quella che esclude ogni ragionevole dubbio circa la verità del fatto, ricordando altresì che essa deve avere un carattere oggettivo e non essere fondata solamente sulla opinione o sul sentimento meramente soggettivo del giudice.
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[3.–] Con la stessa intenzione di esprimere lo spirito e la volontà della Chiesa, che al matrimonio attribuisce una somma importanza per il bene del popolo cristiano e la santità della famiglia, Ci proponiamo oggi –dopo aver ascoltato l’ampia ed accurata relazione annuale del vostro degno e benemerito Decano– di dire alcune parole sulla unità dello scopo, che deve dare speciale forma all’opera e alla collaborazione di tutti coloro, che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici di ogni grado e specie, e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di intento e di azione.
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TRIPLICE ELEMENTO DELLA UNITÀ DI AZIONE
[4.–] 1. In generale è da premettere che la unità dell’azione umana risulta e proviene dai seguenti elementi: un unico scopo, un comune indirizzo di tutti verso questo scopo unico, un obbligo giuridico-morale di prendere e di conservare un tale indirizzo. Di questi elementi voi ben comprendete che il fine unico costituisce il principio e il termine formale, tanto dal lato oggettivo, quanto dal lato soggettivo. Poichè, come ogni moto riceve la sua determinazione dal fine, verso cui tende, così anche la cosciente attività umana si specifica dallo scopo a cui mira (1).
1. Cfr S. Th. 1.º 2.æ p. q. 1 a. 2.
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[5.–] Orbene, nel processo matrimoniale il fine unico è un giudizio conforme alla verità e al diritto, concernente nel processo di nullità la asserita non esistenza del vincolo coniugale, nel processo informativo de vinculo solvendo la esistenza, o no, dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo. In altri termini, il fine è l’accertare autorevolmente e il porre in vigore la verità e il diritto ad essa corrispondente, relativamente all’esistenza o alla continuazione di un vincolo matrimoniale.
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[6.–] L’indirizzo personale si ha mediante la volontà dei singoli che hanno parte nella trattazione della causa, in quanto essi dirigono e subordinano ogni loro pensiero, volere e atto nelle cose del processo al raggiungimento di quel fine. Se pertanto tutti i partecipanti seguono costantemente questo indirizzo, ne viene per naturale conseguenza la loro unità di azione e di cooperazione.
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[7.–] Infine il terzo elemento, ossia l’obbligo giuridico-morale di mantenere tale indirizzo, deriva nel processo matrimoniale dal diritto divino. Infatti il contratto nuziale è, per la sua propria natura, e fra i battezzati per la sua elevazione alla dignità di Sacramento, ordinato e determinato non dal volere umano, ma da Dio. Basti ricordare la parola di Cristo: “Ciò che Dio ha congiunto, l’uomo non si attenti di separare” (2), e l’insegnamento di S. Paolo: “Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia” (3). L’alta gravità di quest’obbligo, originato come da fonte suprema e inestinguibile dal diritto divino, a servizio della verità nel processo matrimoniale, deve essere sempre fortemente affermata e inculcata. Mai non avvenga che nelle cause matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergiuri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie! Perciò tutti coloro, che vi hanno qualche parte, debbono serbare vigile la coscienza, e al bisogno risvegliarla e ravvivarla, per rammentare che questi processi vengono in fondo condotti non dinanzi al tribunale degli uomini, ma a quello del Signore onnisciente, e che per conseguenza i relativi giudizi, se qualche frode, che concerna la sostanza, li falsi, non hanno valore davanti a Dio e nel campo della coscienza.
2. Matth. 19, 6.
3. Eph. 5, 32.
1944 10 02 0008
L’UNITÀ DI FINE E DI AZIONE NEI SINGOLI PARTECIPANTI ALLE CAUSE MATRIMONIALI
[8.–] 2. L’unità e la collaborazione nelle cause matrimoniali si effettua dunque mediante l’unità del fine, l’indirizzo verso il fine, l’obbligo della subordinazione al fine. Questo triplice elemento impone all’azione propria dei singoli partecipanti esigenze essenziali e la segna di una particolare impronta.
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a) Il giudice
[9.–] Innanzi tutto, per ciò che riguarda il giudice, che è come la giustizia animata, l’opera di lui arriva al suo apice nella emanazlone della sentenza; la quale accerta e fissa giuridicamente la verità e le dà valore legale, così per quel che concerne il fatto da giudicare, come per ciò che si riferisce al diritto da applicarsi nel caso. Ma a tale chiarimento e servizio della verità è ordinato come a suo scopo tutto il processo. Perciò in questo oggettivo ordinamento al fine il giudice trova anche una sicura norma direttiva in ogni personale indagine, giudizio, prescrizione, divieto, che lo svolgimento del processo porta con sè. Di qui appare come l’obbligo giuridico-morale, a cui sottostà il giudice, altro non è che quello già menzionato derivante dal diritto divino, vale a dire di ricercare e determinare secondo verità se un vincolo, che coi segni esterni è stato stretto, esiste in realtà, ovvero se vi sono i presupposti necessari per il suo scioglimento, e, stabilita la verità, di emanare la sentenza in conformità di essa. In ciò sta l’alta importanza e la personale responsabilità del giudice nella direzione e nella conclusione del processo.
1944 10 02 0010
b) Il Difensore del vincolo
[10.–] Al Difensore del vincolo spetta di sostenere la esistenza ovvero la continuazione del vincolo coniugale, non però in modo assoluto, ma subordinatamente al fine del processo, che è la ricerca e il risultamento della verità oggettiva.
1944 10 02 0011
[11.–] Il Difensore del vincolo deve collaborare al fine comune, in quanto indaga, espone e chiarisce tutto ciò che si può addurre in favore del vincolo. Affinchè egli, che è da considerare come “Pars necessaria ad iudicii validitatem et integritatem”4, possa adempire efficacemente il suo ufficio, l’ordine processuale gli ha attribuito particolari diritti e assegnato determinate incombenze (5). E come non sarebbe compatibile con l’importanza della sua carica e con l’adempimento solerte e fedele del suo dovere, se egli si contentasse di una sommaria visione degli atti e di alcune superficiali osservazioni; così non è conveniente che tale ufficio venga affidato a coloro che mancano ancora di esperienza della vita e di maturità di giudizio (6). Da questa regola non esenta il fatto che le osservazioni del Difensore del vincolo vengono sottoposte all’esame dei giudici, poichè questi hanno da trovare nell’accurata opera di lui un aiuto e un complemento della propria attività, nè è da pretendere che essi rifacciano sempre tutto il lavoro e tutte le indagini del Difensore, per potersi fidare della sua esposizione.
4. Bened., XIV, Constit. Dei miseratione, 3 Nov. 1741 § 7 [Ass 4 (1868), 349].
5. Cfr. p. e. can. 1967-1969 [AAS 9/II (1917), 373].
6. Cfr. Norm. S. R. Rotae Trib. 29 Iunii 1934, art. 4 § 2.
1944 10 02 0012
[12.–] D’altra parte non si può nemmeno esigere dal Difensore del vincolo che egli componga e prepari ad ogni costo una difesa artificiosa, senza curarsi se le sue affermazioni abbiano un serio fondamento oppur no. Una tale esigenza sarebbe contraria alla sana ragione; graverebbe il Difensore del vincolo di una fatica inutile e senza valore; non porterebbe nessun chiarimento, ma piuttosto una confusione della questione; trascinerebbe dannosamente il processo per le lunghe. Nell’interesse stesso della verità, e per la dignità del suo ufficio, si deve dunque riconoscere in massima al Difensore del vincolo, ove il caso lo richieda, il diritto di dichiarare: che dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non ha rinvenuta alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell’attore o del supplicante.
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[13.–] Questo fatto e questa coscienza di non dovere incondizionatamente sostenere una tesi ordinatagli, ma di essere al servigio della verità già esistente, preserverà il Difensore del vincolo dal proporre interrogazioni unilateralmente suggestive e insidiose; dall’esagerare e mutare possibilità in probabilità o perfino in fatti compiuti; dall’affermare o costruire contraddizioni, dove un sano giudizio non le vede o facilmente le scioglie; dall’impugnare la veridicità di testimoni a causa di discrepanze o inesattezze in punti non essenziali o senza importanza per l’oggetto del processo, discrepanze e inesattezze, di cui la psicologia delle deposizioni dei testi insegna che esse rimangono nell’ambito delle normali cause di errore e non tolgono valore alla sostanza della deposizione stessa. La coscienza di dover servire alla verità riterrà infine il Difensore del vincolo dal chiedere nuove prove, quando le già addotte siano pienamente sufficienti a stabilire la verità: ciò che anche in altra occasione designammo come da non approvarsi.
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[14.–] Nè si obietti che il Difensore del vincolo deve scrivere le sue animadversiones non “pro rei veritate”, ma “pro validitate matrimonii”. Se con ciò si vuole intendere che egli ha per parte sua da mettere in rilievo tutto quel che parla in favore e non quel che è contro l’esistenza o la continuazione del vincolo, l’osservazione è ben giusta. Se invece si volesse affermare che il Difensore del vincolo nella sua azione non è tenuto a servire anch’egli, come ad ultimo scopo, all’accertamento della verità oggettiva, ma deve incondizionatamente e indipendentemente dalle prove e dai risultati del processo sostenere la tesi obbligata della esistenza o della necessaria continuazione del vincolo, questa asserzione sarebbe da ritenersi come falsa. In tal senso tutti coloro che hanno parte nel processo debbono senza eccezione far convergere la loro azione all’unico fine: pro rei veritate!
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c) Il Promotore di giustizia
[15.–] Non vorremmo omettere alcune brevi osservazioni anche per ciò che si riferisce al Promotore di giustizia. Può essere che il bene pubblico richieda la dichiarazione di nullità di un matrimonio e che il Promotore di giustizia ne faccia regolare petizione al tribunale competente. In nessun altro punto si potrebbe essere tanto inclinati a mettere in dubbio la unicità del fine e della collaborazione di tutti nel processo matrimoniale, quanto qui, ove due pubblici ufficiali sembrano prendere posizione l’uno contro l’altro dinanzi al tribunale: l’uno, il Difensore del vincolo, deve per ufficio negare ciò che l’altro, pure per ufficio, è chiamato a promuovere. Ed invece precisamente qui si mostrano in modo manifesto la unità del fine e l’unico indirizzo di tutti a questo fine; poichè ambedue, nonostante l’apparente opposizione, pongono in fondo al giudice la medesima richiesta: di emettere un giudizio secondo la verità e la realtà dello stesso fatto oggettivo. La rottura della unità del fine e della collaborazione si avrebbe soltanto se il Defensor vinculi e il Promotor iustitiae considerassero il loro prossimi e opposti fini come assoluti e li sciogliessero e separassero dalla loro connessione e subordinazione al comune scopo finale.
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d) L’avvocato
[16.–] Ma l’unità del fine, l’indirizzo verso il fine e l’obbligo della subordinazione al fine nel processo matrimoniale debbono considerarsi e ponderarsi con particolare attenzione a riguardo del consulente legale o avvocato, di cui l’attore o il convenuto o il supplicante si servono, perchè nessuno è più esposto al pericolo di perderli di vista.
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[17.–] L’avvocato assiste il suo cliente nel formulare il libello introduttorio della causa, nel determinare rettamente l’oggetto e il fondamento della controversia, nel mettere in rilievo i punti decisivi del fatto da giudicare; gli indica le prove da addurre, i documenti da esibire; gli suggerisce quali testimoni siano da indurre in giudizio, quali punti nelle deposizioni dei testi siano perentori; durante il processo lo aiuta a valutare giustamente le eccezioni e gli argomenti contrari e a confutarli: in una parola, raccoglie e fa valere tutto ciò che può essere allegato in favore della domanda del suo patrocinato.
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[18.–] In questa molteplice attività l’avvocato può ben porre ogni studio per ottenere la vittoria alla causa del suo cliente; ma in tutta la sua azione non deve sottrarsi all’unico e comune scopo finale: lo scoprimento, l’accertamento, l’affermazione legale della verità, del fatto oggettivo. Voi qui presenti, insigni giuristi e integerrimi difensori del foro ecclesiastico, ben sapete come la consapevolezza di tale subordinazione deve guidare l’avvocato nelle sue riflessioni, nei suoi consigli, nelle sue asserzioni e nelle sue prove, e come essa non solo lo premunisce dal costruire artificiosamente e dal prendere a patrocinare cause prive di qualsiasi serio fondamento, dal valersi di frodi o d’inganni, dall’indurre le parti e i testimoni a deporre il falso, dal ricorrere a qualsiasi altra arte disonesta, ma lo porta anche positivamente ad agire in tutta la serie degli atti del processo secondo i dettami della coscienza. Al supremo termine della verità da far rifulgere è necessario che convergano tanto l’opera dell’avvocato, quanto quella del Difensore del vincolo, perchè ambedue, pur movendo da punti opposti per fini prossimi diversi, hanno da tendere al medesimo scopo finale.
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[19.–] Da qui apparisce che cosa si debba pensare del principio purtroppo non di rado affermato o in fatto seguito. “L’avvocato –si dice– ha il diritto e il dovere di produrre tutto ciò che giova alla sua tesi, non meno che il Difensore del vincolo fa rispetto alla tesi opposta; per nessuno dei due vale la norma: pro rei veritate! L’apprezzamento della verità è ufficio esclusivamente del giudice; gravare l’avvocato con tale cura significherebbe impedirne od anche paralizzarne del tutto l’attività”. Tale osservazione si basa sopra un errore teorico e pratico: essa disconosce l’intima natura e l’essenziale scopo finale della controversia giuridica. Questa nelle cause matrimoniali non può paragonarsi ad una gara o ad una giostra, ove i due contendenti non hanno un comune scopo finale, ma ognuno persegue il suo scopo particolare e assoluto, senza riguardo, anzi in opposizione a quello del suo antagonista, vale a dire sconfiggere l’avversario e riportare la vittoria. In tal caso il vincitore con la sua lotta coronata da successo crea il fatto oggettivo, che per il giudice del combattimento o della gara è motivo determinante nel conferimento del premio, poichè per lui è legge: Al vinci tore il premio. Tutt’altrimenti accade nella contesa giuridica di un processo matrimoniale. Qui non si tratta di creare un fatto con la eloquenza e la dialettica, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto già esistente. Il summenzionato principio cerca di scindere l’attività dell’avvocato dal servizio della verità oggettiva, e vorrebbe in qualche modo attribuire all’abile argomentazione una forza creatrice del diritto, come l’ha il vittorioso combattimento in una gara.
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[20.–] La stessa considerazione dell’incodizionato obbligo verso la verità vale anche nel caso del semplice procedimento informativo in seguito alla domanda per scioglimento del vincolo. L’istruzione della causa nel foro ecclesiastico non prevede l’intervento di un patrocinatore legale del supplicante; ma è un naturale diritto di quest’ultimo di valersi, per suo conto, del consiglio e dell’assistenza di un giurista nella redazione e nella motivazione della supplica, nella scelta e presentazione dei testimoni, nel superamento delle sopravvenienti difficoltà. Il consulente legale o l’avvocato può anche qui mettere in opera tutto il suo sapere e la sua valentia in favore del suo cliente; ma anche in questa attività estragiudiziale egli deve ricordarsi dell’obbligo che lo lega al servizio della verità, della sua sottomissione al fine comune e della parte che ha da compiere nel comune lavoro per il conseguimento di questo fine.
1944 10 02 0021
[21.–] Da quanto abbiamo esposto appare manifesto come, nella trattazione delle cause matrimoniali nel foro ecclesiastico, giudice, difensore del vincolo, promotore di giustizia, avvocato debbono fare, per così dire, causa comune e insieme collaborare, non mescolando l’ufficio proprio di ciascuno, ma in cosciente e voluta unione e sottomissione al medesimo fine.
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e) Le parti, i testimoni, i periti
[22.–] È superfluo di aggiungere che la medesima legge fondamentale –indagare, rendere manifesta e far valere legalmente la verità– obbliga anche gli altri partecipanti al processo. Per assicurare il raggiungimento di tale scopo viene loro imposto il giuramento. In questa subordinazione al fine essi trovano una chiara norma per il loro orientamento interno e per la loro azione esterna, e ne attingono sicurezza di giudizio e quiete della coscienza. Nè alle parti, nè ai testimoni, nè ai periti è lecito di costruire fatti non esistenti, dare agli esistenti una infondata interpretazione, negarli, confonderli od offuscarli. Tutto ciò contrasterebbe col servizio da prestarsi alla verità, cui obbligano la legge di Dio e il giuramento dato.
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IL PROCESSO MATRIMONIALE NEL SUO ORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE AL FINE UNIVERSALE DELLA CHIESA, LA SALUTE DELLE ANIME
[23.–] 3. Abbracciando ora con la mente il già detto, il nostro pensiero vede palesemente come il processo matrimoniale rappresenta una unità di fine e di azione, nella quale i singoli partecipanti debbono esercitare il loro particolare ufficio in reciproco coordinamento e in comune ordinamento al fine medesimo; a somiglianza dei membri di un corpo, che hanno bensì ciascuno la loro propria funzione e la loro propria attività ma al tempo stesso sono reciprocamente coordinati e insieme ordinati al conseguimento dello stesso scopo finale, che è quello dell’intero organismo.
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[24.–] Tuttavia questa considerazione intorno all’intima natura del processo matrimoniale rimarrebbe incompleta, se non si desse uno sguardo anche ai suoi esterni rapporti.
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[25.–] Il processo matrimoniale nel foro ecclesiastico è una funzione della vita giuridica della Chiesa. Nella Nostra Enciclica sul Corpo mistico di Cristo abbiamo esposto come la cosiddetta “Chiesa giuridica” è bensì di origine divina, ma non è tutta la Chiesa; come essa in qualche modo rappresenta soltanto il corpo, che deve essere vivificato dallo spirito, vale a dire dallo Spirito Santo e dalla sua grazia. Nella stessa Enciclica spiegavamo altresì come tutta la Chiesa, nel suo corpo e nella sua anima, quanto alla partecipazione dei beni e al profitto che ne deriva, è costituita esclusivamente per la “salvezza delle anime”, secondo la parola dell’Apostolo: “Omnia vestra sunt” (7). Con ciò è indicata la superiore unità e il superiore scopo, cui sono destinate e si dirigono la vita giuridica e ogni giuridica funzione nella Chiesa. Ne segue che anche il pensiero, il volere e l’opera personale nell’esercizio di una tale attività debbono tendere al fine proprio della Chiesa: la salute delle anime. In altri termini, il fine superiore, il principio superiore, l’unità superiore non dice altro che “cura delle anime”, come tutta l’opera di Cristo sulla terra fu cura delle anime, e cura delle anime fu ed è tutta l’azione della Chiesa.
7. 1 Cor. 3, 22.
1944 10 02 0026
[26.–] Ma il giurista, che, come tale, guarda al nudo diritto e alla rigida giustizia, suole mostrarsi quasi istintivamente estraneo alle idee e agl’intenti della cura delle anime e propugna una chiara separazione tra i due fori, il foro della coscienza e quello dell’esterna convivenza giuridico-sociale. Questa tendenza verso una netta divisione dei due campi è fino a un certo grado legittima, in quanto il giudice e i suoi collaboratori nel procedimento giudiziario non hanno per ufficio proprio e diretto la cura pastorale. Sarebbe però un funesto errore l’affermare che non si trovino anch’essi in ultima e definitiva istanza al servizio delle anime. Essi verrebbero così a mettersi nel giudizio ecclesiastico fuori dello scopo e dell’unità di azione propri della Chiesa per divina istituzione; sarebbero come membri di un corpo, che non si inseriscono più nella sua totalità e non vogliono più sottoporre e ordinare la loro azione allo scopo dell’intero organismo.
1944 10 02 0027
EFFICACIA DI TALE ORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE SULL’ATTIVITÀ GIURIDICA
[27.–] L’attività giuridica, e particolarmente la giudiziaria, non ha nulla da temere da tale ordinamento e subordinazione; che anzi essa ne è fecondata e promossa. La necessaria larghezza di vedute e di decisione ne è assicurata, poichè, mentre la unilaterale operosità giuridica nasconde sempre in sè il pericolo di un esagerato formalismo e attaccamento alla lettera, la cura delle anime garantisce un contrappeso, mantenendo desta nella coscienza la massima: “Leges propter homines, et non homines propter leges”. Perciò in altra occasione avemmo già ad avvertire che là ove la lettera della legge fosse di ostacolo al raggiungimento della verità e della giustizia, deve sempre essere aperto il ricorso al legislatore.
1944 10 02 0028
[28.–] Il pensiero dell’appartenenza al servizio del fine della Chiesa conferisce inoltre a tutti coloro, che partecipano alla sua attività giuridica, anche la necessaria indipendenza ed autonomia di fronte al potere giudiziario civile. Fra Chiesa e Stato, come rilevammo nella menzionata Enciclica sul Corpo mistico di Cristo, sebbene ambedue siano nel pieno significato della parola società perfette, vi è tuttavia una profonda differenza. La Chiesa ha un proprio particolare carattere di origine e di impronta divina. Da ciò deriva anche nella sua vita giuridica un tratto a lei proprio, un orientamento, fin nelle ultime conseguenze, verso pensieri e beni superiori, oltremondani, eterni. Quindi, piuttosto che un’opinione, è da considerare per vari motivi come un erroneo giudizio il dire di alcuni che l’ideale della prassi giuridica ecclesiastica consiste nella sua maggior possibile assimilazione e conformità all’ordinamento giudiziario civile; il che tuttavia non esclude che essa possa opportunamente avvantaggiarsi del vero progresso della scienza del diritto anche in questo campo.
1944 10 02 0029
[29.–] Finalmente il pensiero dell’appartenenza alla superiore unità della Chiesa e della subordinazione al suo fine universale, la salus animarum, comunica all’attività giuridica la fermezza per procedere nel sicuro cammino della verità e del diritto, e la preserva non meno da una debole condiscendenza verso la disordinate brame delle passioni che da una dura e ingiustificata inflessibilità. La salute delle anime possiede come guida una norma suprema assolutamente sicura: la legge e la volontà di Dio. A questa medesima legge e volontà di Dio un’attività giuridica, che riconosce e ha coscienza di non avere nessun altro fine che quello della Chiesa, si indirezzerà fermamente nel regolamento dei casi particolari a lei sottoposti, e vedrà così confermata in un ordine superiore quella che già era nel suo proprio campo la sua massima fondamentale; servigio e affermazione della verità nell’accertamento del vero fatto e nell’applicazione ad esso della legge e della volontà di Dio.
1944 10 02 0030
[30.–] Perciò Ci riesce di particolare soddisfazione il sapere che cotesto S. Tribunale è inconcussamente fedele a così eccelsa norma e può essere quindi additato come esempio ai Tribunali diocesani, che ad esso guardano come a modello e norma.
[AAS 36 (1944), 281-290]